El director
presidente de la Policía
del Estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán, calificó como “crónico y
alarmante” el problema de inanición que afrontan los privados de libertad
recluidos en los diferentes cuerpos de seguridad en Venezuela, debido a la
crisis alimentaria que atraviesa el país, la cual en los últimos meses ha
generado el fallecimiento de quienes, tras las rejas, esperan su traslado a un centro
penitenciario.
“La mala administración de justicia por
parte del Gobierno Nacional le está costando la vida a los procesados y también
a sus familiares. Ya no solamente trasladaron el problema a las policías, donde
el irrespeto de la orden de un juez, por parte del Ministerio de Prisiones,
genera un inhumano hacinamiento, sino que también el improvisar que nuestros
calabozos sean cárceles propicia que las familias tengan que sufrir para
alimentar a sus seres queridos. Muchos no tienen la suerte de tener quien les
lleve el alimento y entonces fallecen, debido a lo que les ocasiona la
desnutrición a sus cuerpos”, citó.
Asimismo, declaró que en todas las sedes de
la Policía de
Miranda donde tienen Salas de Guarda y Custodia han notado lo que produce la
mala alimentación en los aprehendidos, por lo que han implementado ciertas
medidas para evitar hechos que lamentar.
“Recientemente, logramos una medida
humanitaria para un recluido que padecía de Tuberculosis, antes que perdiera la
vida. También hemos cambiado de sede a privados de libertad para que los
familiares puedan trasladarse a llevarles comida. En otros casos, hicimos
contacto con comerciantes para que, cuando tengan la disponibilidad, obsequien
alimentos para los aprehendidos, ya que solo al 30% de quienes están tras las
rejas en nuestro organismo, les llega algo para comer”, dijo.
Para Guzmán es vital acelerar los procesos
judiciales, ya que hay casos de personas con más de cuatro años detenidos. A su
juicio la mayoría de los juicios son lentos y el Ejecutivo Nacional en lugar de
despoblar los calabozos policiales, hace una mala adaptación de la ley, que
convierte las sedes de los cuerpos de seguridad en cárceles, ya que no otorgan
oportunamente los cupos para que los detenidos sean trasladados a las
penitenciarías correspondientes.
Criticó que por la indolencia de quienes
administran las políticas de estado ocurran muertes que se pueden evitar y ante
las cuales no haya siquiera un pronunciamiento oficial, en particular sobre la
violación de los Derechos Humanos de los aprehendidos y sobre lo que genera la
mala alimentación en los privados de libertad.
“La política correcta sobre un delincuente
que es atrapado es reeducarlo y brindarle las herramientas para hacer de él o
de ella alguien productivo, es buscar su talento para que sea una persona exitosa.
En cambio, nuestro sistema lo pervierte al sumergirlo en espacios en los que
nadie se regenera y en donde, sin que culmine su juicio, está condenado a
extinguirse, incluso, producto del hambre”, concluyó el jefe policial.
Iapem Prensa /
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