“Desde el año 2011 hemos solicitado al
Ministerio de Interior, Justicia y Paz, los equipos antimotín adecuados para
que los funcionarios puedan atender las manifestaciones que se vienen
presentando en el estado Miranda por la crisis económica, las fallas de los
servicios básicos, vialidad, inseguridad, entre otros problemas que aquejan a
las comunidades y hasta la fecha no se ha recibido una respuesta que nos ayude
significativamente”.
La declaración fue ofrecida
por el director presidente de la
Policía del Estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán,
quien aseguró que los efectivos de la
Unidad de Control de Reuniones Públicas y Manifestaciones
deben salir a las calles con implementos que están en deplorables condiciones,
los cuales no los ayudan a protegerse si alguna manifestación se torna
violenta, por lo que pueden resultar heridos o fallecidos.
“Los costos de
hospitalización y cirugía de los lesionados en manifestaciones, de los que el
Gobierno Nacional no se hace cargo, consumen rápidamente nuestras pólizas con
cualquier siniestro. Debemos tomar en cuenta que los heridos durante tareas de
orden público superan a los que ocurren en otras situaciones y eso afecta la
siniestralidad de nuestro seguro médico, haciéndolo mucho más costoso cuando lo
renovamos”.
Enfatizó que el talento
humano de la Policía
de Miranda es el principal activo que posee la organización, por lo que siempre
deben medir los riesgos y planificar cada acción de calle para obtener
resultados positivos, pese a no contar con el equipamiento adecuado para
obtener mejores resultados.
“Tenemos equipos en tan mal
estado que tuvimos que contratar una empresa para remendar los actuales, ya que
comprarlos es completamente imposible por lo costosos que son, además el
Gobierno Nacional nos niega esa opción. Incluso, conseguir los uniformes, botas
y protectores es difícil. Si hablamos de las municiones de dispersión el tema
es mucho más complejo, porque reponer lo usado tarda mucho por el engorroso
proceso que se hace ante la
Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim)”,
señaló.
Asimismo, reiteró que han
hecho las solicitudes correspondientes ante el ente rector, pasando por el jefe
natural en la Gobernación
de Miranda y poniendo al tanto del tema al Consejo Legislativo Bolivariano del
Estado Miranda (Clebm) para ponerlos al tanto de lo que necesitan para cumplir
con las funciones policiales. “Cuando algo es restringido en su compra por el
Estado es casi seguro que nos será negado, aún teniendo nosotros el dinero para
pagarlo. El daño se lo hacen a la ciudadanía, que luego reclamará ante los
organismo de seguridad, pero el problema lo genera el Gobierno”.
El comisario general refirió
que frente a los requerimientos que han hecho ante el ejecutivo solo les
permitió la adquisición de 80 máscaras antigases en el 2014, con sus propios
recursos, pero nunca han recibido dotación de parte del ente rector. “Los
filtros que utilizan para respirar también son difíciles de adquirir y
hallarlos. Pese a esa situación actuamos donde haya que intervenir, usando los
principios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial y siendo
garantes de los Derechos Humanos de la ciudadanía”.
En este sentido refirió que
han atendido 165 manifestaciones que se han suscitado en la toda la entidad
desde el mes de enero, sin que se produzcan lesionados o heridos. “Entendemos
el derecho a la protesta como un mecanismo para que las comunidades se quejen
por el mal funcionamiento de un servicio. Asimismo, protegemos el patrimonio
público y privado. Cuando los niveles de agresividad nos rebasan los cuerpos de
seguridad nacionales son los que deben actuar para el control del orden”, citó.
De igual manera, nuevamente
hizo un llamado de atención a los órganos competentes para que cumplan con los
requerimientos que ha hecho la institución para atender adecuadamente las
protestas. “Son nuestros hombres quienes dan la vida por la seguridad de la
ciudadanía y para ello se requieren tener las herramientas necesarias. De lo
contrario cuando resulten heridos estarán expuestos a padecer las precarias
condiciones del sistema de salud”, concluyó.
Iapem
Prensa
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