Los Teques.- Para el director – presidente
de la Policía
de Miranda comisario general Elisio Guzmán, la impunidad existente en Venezuela,
se debe a la carencia de una seria política criminal integrada en el país y a
la falta de cultura de denuncia.
En el caso específico de los procedimientos
adelantados por la Policía
de Miranda, la impunidad alcanza 60%, pues de 473 personas detenidas durante
los primeros seis meses del año, 278 fueron puestas en libertad a través de
medidas cautelares y fianzas dictadas por el sistema judicial. Sumado a ello,
el 31% de los casos de los aprehendidos en flagrancia ni siquiera llegaron a
juicio. “Los beneficios sin control adecuado permiten la impunidad del
delincuente”.
Comenta que actualmente la
impunidad se origina por múltiples factores y que habría que analizar puntos
claves, en especial el “divorcio” que existe entre las policías, fiscalías,
tribunales y el sistema carcelario, el cual genera un proceso largo y costoso
para cada organismo, pues desde la detención del delincuente hasta el momento
en que finalmente llega a su lugar de reclusión pueden pasar muchos años. Sólo
el 18% de los apresados por este cuerpo de seguridad recibieron un cupo en las
cárceles venezolanas
Señala además que la aplicación
de las medidas que otorga el Sistema Penitenciario, como el régimen abierto que
poseía el implicado en el asesinato del supervisor agregado de la Policía de Miranda, Luis
Hernández, es un “beneficio para
delinquir”, porque no existe un seguimiento para constatar que el favorecido
cumpla con las medidas establecidas para su reinserción a la colectividad. “Nosotros
nos preguntamos, ¿quién controlaba al presunto homicida de nuestro
funcionario?”, enfatizó.
En este sentido, explica que los
aprehendidos pudieran obtener beneficios de dos maneras: cuando se determina
que han modificado su conducta y su manera de pensar y la segunda, cuando se
otorga el dictamen simplemente para deshacinar las cárceles. “En los dos casos,
para el detenido es un beneficio real. Para la sociedad existe un logro si se
cumple el objetivo de reeducarlos. Cuando ocurre lo contrario, la comunidad
continúa siendo amenazada por ese individuo, que sale a la calle sin
probabilidades de integrarse a la sociedad de forma correcta y vuelve a su vida
criminal”.
De acuerdo a Guzmán, las cárceles
venezolanas no están aptas estructuralmente para llevar a cabo los programas de
salud, empleo, educación, recreación y deporte; a ello se le suma las
innumerables fallas en el sistema judicial, pues los procesos suelen ser largos
y tediosos, lo que obliga a muchos a desistir. “Y es que no existe un sistema
adecuado que vaya desde la prevención hasta la reeducación del individuo
implicado en hechos delictivos”.
El comisario general destaca que los detenidos
en las salas de custodias de todos los cuerpos de seguridad luego pasan a un
centro penitenciario a manos de un “pran”, un autogobierno perverso que hay en
las cárceles, donde el recluso no aprende nada, “y lo que ocurre cuando salen,
bien sea por una medida o por cumplimiento de pena, es trasladar esa violencia
intracarcelaria a los barrios, por lo que se convierte en un ciclo difícil de
detener”.
“Para acabar con la gran mayoría
de estos problemas, el Estado debería hacer una revisión exhaustiva de los
penales, también invertir en la construcción de nuevos centros de reclusión,
para así realizar la clasificación de los detenidos por el tipo de delito que
cometieron, acabar con la cultura del “pran” aplicando los principios básicos
de capacitación, trabajo y la reeducación de cada uno de ellos para ser
reinsertados en la sociedad, pues una de las funciones del sistema
penitenciario es hacer cumplir la condena bajo condiciones que permitan la
modificación conductual del individuo”, puntualizó Guzmán.
Iapem Prensa /Yoselyn Sarmiento
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