El titular del Centro de
Coordinación Policial Número 4 de la Policía de Miranda, supervisor jefe Jimmy
Cuevas, informó que en horas de la tarde del pasado lunes 22 de junio, los
aprehendidos en las Salas de Guarda y Custodia de la sede policial de Río Chico
destrozaron parte de la estructura, para exigir al Ministerio de Servicios
Penitenciarios sus traslados a los centros de reclusión del país.
“Por un lapso de tres horas, los
detenidos protagonizaron una violenta situación irregular debido a que,
además de solicitar sus traslados, exigieron visitas conyugales, televisores,
alimentos, ventiladores y actividades recreativas, beneficios que sólo pueden
tener en los recintos penitenciarios nacionales”, comentó.
Cuevas resaltó que los privados
de libertad hicieron un boquete en una pared frontal que comunica con el
pasillo que dirige a los sanitarios. “Asimismo, destrozaron las bases de las
rejas protectoras. También, las paredes de los calabozos I, II y III resultaron
afectadas, además de las estructuras de otros tres baños. Tenemos que recordar
que estos recintos son bienes del estado, por ello los aprehendidos tendrán que
ser presentados por daños al patrimonio público”.
Añadió que durante la protesta de
los apresados, funcionarios de la Unidad de Control de Reuniones y
Manifestaciones Públicas, dialogaron con los detenidos para instaurar la calma
en el recinto, acción que fue positiva, debido que accedieron voluntariamente a
desistir la violencia. “Cabe destacar que en todo momento se respetaron los
derechos humanos de cada recluso y que no se registraron heridos”.
El jefe policial señaló que en
las instalaciones hizo acto de presencia un representante de la Fiscalía Décima
de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, quien dialogó con los
detenidos sobre sus peticiones y la necesidad del otorgamiento de cupos a cada
uno de ellos.
También indicó que las Salas de
Guarda y Custodia del ente de seguridad regional fueron construidas para que
los detenidos permanezcan un máximo de 48 horas y que debido al retardo
procesal, las estadías en algunos casos se prolongan más de dos años.
El supervisor jefe agregó que la acción
violenta por parte de los privados de libertad, fue notificada a la Fiscalía
Octava del Ministerio Público.
Iapem
Prensa / Ainalem Centeno
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