Un intento de fuga por parte de los 67 privados de
libertad que se encuentran en la sede de la Comandancia General de la Policía
de Miranda, ubicada en Los Teques, fue frustrado por los efectivos estadales
durante una requisa en la que fueron hallados varios barrotes desprendidos de
una de las celdas.
El director presidente del organismo de seguridad
regional, comisario general Elisio Guzmán, dijo que al hacer las inspecciones
de rigor de los calabozos, los efectivos se percataron que dos barrotes
metálicos de una de las Salas de Guarda y Custodia habían sido aflojados al
punto de estar desprendidos y que en otras dos celdas los detenidos habían
cavado un orifico en la pared de diez centímetros cada uno.
De acuerdo a Guzmán, la sobrepoblación de detenidos
está generando una alarma permanente en el organismo, puesto que en todos los
Centros de Coordinación Policial superan la capacidad de albergue para los
reclusos, lo que ocasiona que actúen de forma violenta y dañen las estructuras
para tratar de fugarse.
“En esta oportunidad, la acción constante de
vigilancia permitió identificar a tiempo una evasión. Si esto llegase a
ocurrir, tendríamos un escenario de riesgo para la ciudadanía en general,
porque en los espacios de reclusión tenemos a 67 personas, cifra que duplica el
tope de las instalaciones (30). No es fácil para la policía preservar la
seguridad tras los barrotes, tampoco es fácil para el privado de libertad tener
que convivir bajo el asedio de una multitud que se aglomera cada vez más por la
indolencia del Ministerio de Prisiones y la lentitud del sistema de justicia”,
dijo.
En ese sentido enfatizó que existe una indiferencia
por parte del Ejecutivo Nacional sobre el peligro inminente que representa el
hacinamiento y que pueden ocurrir situaciones de peligro como motines, fugas y
huelgas de hambre, por parte de las 212 personas que están detenidas en las
diferentes sedes de la Policía de Miranda, cuya capacidad es solo de 140
personas.
“Lo que parece no entender el Gobierno Nacional es
que la mala administración penitenciaria y de justicia, está violando los
Derechos Humanos de toda la sociedad y que demorar el otorgamiento de cupos es
una decisión que puede tener repercusiones severas y que pone en peligro
constante a la ciudadanía”, citó.
Iapem
Prensa / Miguel Mederico
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