Los Teques.- “Intentan señalarnos
porque denunciamos lo que generan las fallas legislativas y administrativas de
la justicia en las Salas de Guarda y Custodia, pero decirlo es nuestro deber. Luego
de todo lo que hemos abogado por los derechos humanos de los recluidos, algunos
políticos mal adoctrinados empiezan a aceptar lo que venimos expresando y es
que todos los cuerpos de seguridad se han vuelto espacios donde hombres,
mujeres y adolescentes venezolanos pierden la opción de ser procesados acorde a
la ley por la indolencia gubernamental”.
Estas
fueron palabras del director – presidente de la Policía del Estado
Miranda, comisario general Elisio Guzmán, frente al caso de una privada de
libertad que intentó atentar contra su vida y que, según dice, representantes
del Gobierno Nacional volvieron un expediente político para afectar la imagen
del organismo de seguridad estadal,
A
su juicio, algunas declaraciones “irresponsables” solo demuestran el
desconocimiento que tienen algunos juristas sobre la realidad que afrontan las policías
y quienes están afrontando un proceso judicial tras las rejas. El daño no lo
recibe el cuerpo de seguridad, sino la ciudadanía.
“Somos
garantes de la verdad y la justicia, por ello informamos todo lo que nos afecta
como institución y más aún cuando los problemas pueden prevenirse y los
denunciamos oportunamente, a pesar que fueron causados por la mala administración
judicial. Es inadmisible que mal usen el caso de una mujer que retiramos de las
calles porque violaba la ley, a la que dimos las atenciones médicas por su
condición de salud y que notificamos oportunamente a las autoridades
correspondientes que ocuparía espacios no adecuados, para arremeter, sin
pruebas, contra nuestro organismo, cuando es notoria la preocupación que tenemos
por cada uno de los aprehendidos. Hablar sin pruebas es característico de quien
desconoce la realidad”, dijo Guzmán.
Para
el comisario general la adaptación que padecen los espacios transitorios de los
cuerpos policiales, los cuales se han vuelto prácticamente en cárceles, sin contar
con la infraestructura y presupuestos adecuados, genera daños,
responsabilidades y costos tanto al
organismo como a los familiares de los recluidos, por lo que le parece “extraño”
que ninguna de esas irregularidades que afectan la seguridad de los venezolanos
haya sido tomada en cuenta por quienes se escudan en su “desconocimiento” para
opinar sobre lo que deberían conocer a fondo y en cambio lo utilizan para
arremeter contra los trabajadores de un organismo que lucha en favor del bien
común.
“En
lugar de opinar desde un escritorio deberían visitar las sedes policiales, como
una vez lo prometieron y ver cómo pasan trabajo las familias para llevarle
comida a sus seres queridos y como muchas veces un almuerzo es compartido por un
grupo de aprehendidos, porque no todos tienen quien le lleve un pan y porque el
que visita no consigue comida en los anaqueles. Quisiéramos contar con los
recursos para apoyar este problema, pero para que ello ocurra se necesita de la
adecuada preocupación del gobierno nacional, de los legisladores, de los
ministerios de Justicia y de Prisiones y de que la seguridad de los venezolanos
no se politice”, concluyó.
Iapem Prensa
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