“Las
Salas de Guarda y Custodia de la
Policía de Miranda deberían ser espacios transitorios pero
por la deficiencia del sistema judicial y penitenciario se han convertido en un
lugar donde habitan venezolanos que pierden la oportunidad de regenerar sus
vidas. Si el Gobierno Nacional estuviese en verdad preocupado de la salud y
futuro de los recluidos, como si lo estamos nosotros, en lugar de dedicarse solo
a hablar estaría construyendo más lugares adecuados, hospitales, escuelas y dando bases
sólidas a las familias para evitar que el sistema viole los derechos humanos de
quienes cometen delito”.
La
declaración corresponde al director presidente de la Policía del Estado
Miranda, comisario general Elisio Guzmán, quien manifiesta que desde el momento
en que una persona es detenida, verifican su estado de salud para atender
cualquier herida o padecimiento que tenga, dan aviso a las autoridades
competentes sobre dichas condiciones y seguidamente proceden a tomar las
medidas necesarias para asegurar que reciba el tratamiento adecuado mediante
las diligencias del organismo policial y del apoyo de los familiares.
En
este sentido aclaró que sobre el caso de la persona privada de libertad en el
organismo desde el 8 de octubre del 2015, por robo agravado, siempre hubo una
atención especial, pues es una ciudadana que posee una condición que afecta su
salud mental.
En
este sentido recordó que tras ser aprehendida, la llevaron a un centro médico y
luego a la medicatura forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales
y Criminalísticas (Cicpc), donde le diagnostican esquizofrenia paranoide. Aseguró
que como el organismo que dirige no cuenta con la infraestructura necesaria
para atender adecuadamente el padecimiento de ningún tipo de enfermedad,
trastorno o condición, inmediatamente enviaron el informe médico al Tribunal de
Control a cargo, para que gestionara su traslado a un centro especializado en donde
pudiera recibir la atención debida.
“Desde
entonces han pasado casi nueve meses y no ha habido respuesta. Otros denigran y no la Policía de Miranda.
Nosotros sí hemos cumplido con los trámites para que los aprehendidos sean
procesados en el marco de la ley. Por encima del buen trato que damos a los
recluidos está la omisión de querer cumplir con la justicia y eso además de ser
denigrante es un delito”, acotó.
Asimismo,
señaló que el organismo de seguridad ha enviado en dos oportunidades al órgano
encargado del caso, las actas policiales e informes médicos en los que se
detalla la situación de la detenida. La primera solicitud de traslado fue consignada
el 13 de noviembre de 2015 y la segunda el 9 de mayo del año en curso. Ninguno
de los oficios fue respondido.
Recordó
que el pasado domingo 19 de junio, tras el intento de la dama por quitarse la vida,
el Tribunal de Control emitió una notificación en la cual indicaban que tendría
una audiencia el 28 de junio.
Guzmán
destacó que la privada de libertad no cuenta con familiares que estén pendientes
de ella, le faciliten sus medicinas y la alimentación diaria, por ello han
solicitado la ayuda de locales de comida cercanos para que colaboren con el
caso, pero las colaboraciones que recibían disminuyeron por la escasez de
alimentos.
“Instamos
una vez más a que, como lo hemos solicitado, otorguen la medida de traslado
para que la dama esté en un lugar en el que pueda mejorar su salud. Seguiremos
insistiendo con los trámites legales para que dignifiquen el caso de la
ciudadana, porque somos los primeros interesados en que las deficiencias del sistema
de justicia no continúen vejándola”, concluyó.
Iapem Prensa
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