Como una
burla y una descarada violación a la ley calificó el director presidente de la Policía del Estado
Miranda, comisario general Elisio Guzmán, la forma como el Ministerio de
Asuntos Penitenciarios decide sobre la asignación de cupos de los privados de
libertad en las Salas de Guarda y Custodia del organismo estadal para su debido
traslado a los reclusorios del país, situación que ha ocasionado una
superpoblación de detenidos tras los barrotes.
En este sentido, refirió que
desde el mes de febrero del año en curso, el órgano rector en materia
carcelaria no ha permisado los traslados de los aprehendidos, lo que ha
agudizado la permanencia de los procesados en las celdas y por ello lo que
debían ser 48 horas de detención, en la mayoría de los casos, se convierten en
3 años de estadía en espacios que no fueron diseñados para ese fin.
“Aunque los jueces deciden el
lugar donde el aprehendido pagará su condena, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios
no otorga el cupo, sino que nos exige una serie de requisitos como el computo de la pena, hasta la compra de
un kit de ropa y artículos personales para los que no poseemos presupuesto. Como
autoridad administrativa, desacatan la orden de la autoridad judicial y además
crean ‘cuellos de botella’ que incrementan la impunidad”, destacó.
Los calabozos son espacios muy
reducidos donde tienen que comer, dormir y asearse, por lo que están viviendo
en condiciones infrahumanas que van generando descontentos en los recluidos y
son la causa principal de que ocurran motines, riñas, fugas y huelgas de
hambre. “Por estas razones ellos exigen su traslado a un penal donde puedan
cumplir la condena por el delito o la falta cometida. Lo ideal es que estén en
un lugar que les permita rehabilitarse para reinsertarse en la sociedad de
forma productiva”, dijo.
Situación dramática
“Ahora tenemos 239 detenidos
para espacios que deberían albergar solo 140. Es una situación dramática la que
estamos enfrentando, porque parece que la nueva forma de cuidar a la ciudadanía
es tener que sacar de las calles a los policías para que ahora cuiden a los
presos” citó Guzmán.
Asimismo, destacó que paralelo
a esa realidad, las familias de los aprehendidos también padecen las
improvisaciones del ejecutivo nacional, pues están gastando mucho dinero para
llevarles comida a sus parientes, cuando es el Estado el que debería asumir la
alimentación de cada privado de libertad. Una comida, muchas veces, es
compartida por tres detenidos, porque no todos tienen la forma de garantizársela
a sus seres queridos.
Otro problema se presenta es a
nivel de salud, debido a que algunos privados de libertad están enfermos, por ellos
los riesgos de contagio con el resto del grupo aumenta. Además están aquellos
que tienen alguna patología particular como convulsiones o ataques epilépticos
y los funcionarios cumplen con trasladarlos para que reciban la atención médica,
lo que implica que el cuerpo de seguridad estadal aumente el tiempo de
resguardo y mensualmente inviertan más de 28 mil horas hombre para custodiar a
los presos.
“Es momento de que el
Ministerio de Asuntos Penitenciarios dirija su atención a la Policía del Estado Miranda
y a los cuerpos de seguridad en general para reducir esta situación fatal, porque
son la máxima autoridad y tienen que velar por los derechos humanos de los
privados de libertad y de las repercusiones que le genera la mala
administración carcelaria a nuestros habitantes”, puntualizó.
Iapem Prensa
/ Egda González
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